viernes, 16 de noviembre de 2018

Informe Sombra, según "El diario.es"


Puedes ver el artículo original de "El diario.es" aquí
Organizaciones feministas piden ampliar la Ley de Violencia de Género de 2004: "No nos podemos quedar ahí"
La Plataforma Sombra ha presentado un informe que entregará a la comisión internacional de expertas encargada de evaluar la aplicación de España del convenio de Estambul de lucha contra la violencia machista
Concluyen que nuestro país incumple los compromisos internacionales en prevención y atención a víctimas. Critican la financiación insuficiente y la falta de datos: los más recientes son del año 2015 y piden que sean trimestrales
Ponen énfasis en que haya más protección para mujeres en especial vulnerabilidad, como migrantes, en el aumento de ayudas y en la creación de empleo como herramienta "empoderante"
Belén Remacha 
15/11/2018 - 14:33h

Presentación del informe Sombra, este miércoles en Madrid.

España incumple los compromisos internacionales contra la violencia de género y la ley de 2004 aprobada durante el gobierno de Zapatero, aunque esencial en su momento, se queda corta: "No nos podemos quedar ahí". Es la conclusión que se extrae del informe que firman un centenar de organizaciones feministas, dentro del proyecto Plataforma Sombra.
El fin del informe sombra es entregarlo a GREVIO, la comisión de expertas dependiente del Consejo de Europa que tiene que examinar a partir de septiembre de 2019 la aplicación durante los últimos 4 años del Convenio de Estambul sobre violencia machista, ratificado por la UE en 2011 y por España en 2014. Los informes sombra son mecanismos de la sociedad civil para informar a las organizaciones internacionales de situaciones objeto de evaluación.
Para Francisca Guisado Adame, una de las encargadas de explicarlo, precisamente una de las "grandes fortalezas" del informe es que constituye una "visión general de las violencias machistas, un marco global". Así, no solo contemplan como violencia de género la que se enmarca dentro de la pareja o expareja, como hace la Ley de 2004, sino que incluyen otras formas como la violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado o trata de personas con fines de explotación sexual. 
Uno de los principales aspectos que han hecho saber a GREVIO es que faltan datos relacionados con prevención y atención social y judicial a víctimas. Los más recientes, de la delegación del Gobierno a partir del Consejo Superior del Poder Judicial, son el Boletín Anual con estadísticas de 2015, referidos al número de usuarias del Sistema de Protección por Violencia de Género. Ellas piden que estas cifras se actualicen y que además sean anuales, trimestrales y desglosados por tipo de violencia y perfiles.

Datos del año 2015, los últimos que manejan las organizaciones. Plataforma Sombra
14 reivindicaciones
La Plataforma Sombra ha hecho público el documento con motivo del 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas. Lo entregará a GREVIO el 12 de diciembre, tres meses antes de que el Gobierno tenga que contestar a un cuestionario que le pasará la comisión internacional. Las ponentes han resumido las reivindicaciones que les harán llegar en 14, relativas a las carencias de las medidas de España en prevención y lucha contra la violencia machista. "Los apoyos económicos son insuficientes", han valorado.
"Pese a que se estima que el 40% de las víctimas depende económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda económica de 430,27€ por 6 meses", escriben en el texto. Un porcentaje mayor pero "también muy bajo", el 23%, percibe la Renta Activa de Reinserción, de igual importe pero mayor duración en el tiempo. Además de las ayudas sociales, que consideran "imprescindibles" en una primera fase de la recuperación de la víctima, exigen que se cree empleo y se instauren más bonificaciones por contratación, por ser la única herramienta realmente "empoderante" para las mujeres, para lo cual llaman a que "tomen nota" los sindicatos.
También empleo público para atender los centros de la administración central, autonómica y local: que los 200 millones destinados al Pacto de Estado y contemplados en la Ley de Presupuestos supongan una "mejora estructural", y no la externalización o gestión indirecta "que precariza la red de servicios". Como ya se ha hecho en varias comunidades, reclaman que no sea necesaria la denuncia previa para acceder a apoyos y asesoramientos.
A día de hoy, la Delegación del Gobierno solo destina el 1,09% de su presupuesto a personal de la red de servicios. Piden una revisión general del sistema VioGen y que incluya a hijos e hijas. Denuncian que en varias provincias españolas, como Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid, continúa sin haber Unidades de Valoración Forense. Esto se traduce en que el 90% de los casos se estima de riesgo nulo o bajo por lo que analizan que es deficiente el sistema de evaluación: solo se suspendió el 2,6% de los regímenes de guardia y custodia y el 1,4% del régimen de visitas en situaciones de violencia.
Han puesto especial énfasis en adecuar la normativa para combatir la sobreexposición de mujeres y menores migrantes: "Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de víctimas mortales". Asimismo, critican que de las mujeres que pidieron asilo en España durante 2017 –el 42% del total de 31.120 personas– solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que otorga protección legal. Respecto a la trata, piden "mejorar los resultados en la persecución" de un fenómeno que afecta a una inmensa mayoría de mujeres extranjeras: solo el 1,1% tienen nacionalidad española.
Las organizaciones también demandan que España aplique el convenio en los casos en los que la víctima tiene distinta nacionalidad o país de residencia que el denunciado, destacando que una de cada siete parejas en España son "mixtas" y por tanto les puede afectar la legislación de dos países. Ponen como ejemplo de esta problemática el caso de Juana Rivas. 
Otro dato que manejaban, según la Macroencuesta de 2015, es que se producen 330 agresiones sexuales diarias, que piden calificar como violencia machista. En ese año fueron 120.641 las mujeres que habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 40% de ellas violadas. Actualmente, consideran "insuficiente" los 2 millones de euros al año que destina la Delegación del Gobierno para mantener y crear los centros de ayuda de emergencia que están contemplados en el artículo 25 del acuerdo internacional. También critican la demora del debate de la Proposición de Ley de protección integral de la libertad sexual, admitida a trámite en el Congreso el pasado verano.
Además de una mayor evaluación y financiación para hacer efectivas las leyes del Pacto de Estado, piden dotar de recursos a los programas educativos, la formación y protocolos de Sanidad y la recuperación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales por una comunicación no sexista. Abogan igualmente por la aprobación de la ley que garantice el aumento de las pensiones de los huérfanos de violencia machista, que ayer echó a andar en el Congreso y que también incluye a las víctimas de violencia sexual.



Puedes ver el artículo de "público"originalmente aquí
VIOLENCIA DE GÉNERO
Organizaciones feministas denuncian la falta de datos fiables y actualizados sobre violencias machistas
Lamentan que 14 años después la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, aún no se recopilen los datos. Denuncian que sin ellos es imposible evaluar la efectividad de las políticas públicas, mejorarlas o avanzar en prevención.
Integrantes de la Plataforma Estambul Sombra durante la presentación del informe / Público-Marisa Kohan
MADRID
MARISA KOHAN
"Resulta paradójico que 14 años después de aprobarse la ley contra la violencia de género aún no dispongamos de datos que nos permitan evaluar la efectividad de las políticas públicas en materia de violencias machistas",  afirma Francisca Guisando Adame, miembro de la plataforma Estambul Sombra. "No se pueden hacer políticas públicas ni evaluar el impacto de las de las mismas si no disponemos de datos fiables y actualizados que nos permitan evaluar las necesidades", añade.
Guisando realizó estas afirmaciones durante la presentación de los hallazgos que cerca de 200 organizaciones han recopilado en el documento conocido como informe sombra que este viernes se presentó en Madrid.

El objetivo del informe es hacer una radiografía del nivel de cumplimiento de España del Convenio de Estambul, un mecanismo internacional ratificado por nuestro país en 2014 y que será evaluado por el GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, dependiente del Consejo de Europa) que evaluará la aplicación que ha hecho nuestro país del Convenio desde que lo ratificó en 2014. La evaluación comenzará en febrero de 2019 y concluirá con un informe en 2020.
Los informes sombra son un mecanismo del que disponen las organizaciones de la sociedad civil para informar a los expertos de organismos internacionales que evalúan el cumplimiento de los Estados de los tratados que suscriben. El informe que ahora se presenta en su totalidad, fue aprobado el pasado mes de octubre por una plataforma formada ex profeso para esta evaluación y está formada no solo por organizaciones feministas, sino también de derechos humanos y de cooperación al desarrollo. 
La principal conclusión del documento de más de 30 páginas, es que España suspende en muchos de los aspectos cruciales de la lucha contra la violencia de género.
"Se difunde el número oficial de mujeres, niñas y niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social y que se va  a hacer para mejorarlo. Tampoco hay casi datos sobre prevención y los más recientes son de 2015 y  2016". Esta falta de datos es, para las expertas, un serio problema a la hora de decidir dónde irán los 120 millones de euros que se han aprobado para financiar el pacto de Estado a nivel municipal y autonómico.
"Nos encontramos con el hándicap de que la ley integral de 2004, que vino a ser un gran avance en su momento, 14 años después nos presenta dificultades a la hora de abordar las violencias machistas", añade Guisando. La causa de este corsé, es el título segundo de esa norma, que estipula que las violencias de género son las que se ejercen por parte de la pareja o expareja de las mujeres. Esto deja fuera de la cobertura legal y de las políticas públicas cualquier otro tipo de violencias machistas. 
Según la plataforma Estambul Sombra, es necesario la elaboración de una ley paraguas que englobe todas las violencias que se ejercen contra la mujer y que recoge el convenio de estambul, como las violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, o la trata de personas con fines de explotación sexual.
Batería de exigencias
El informe sombra desgrana los fallos y obstáculos que persisten en nuestro país para la puesta en marcha del Convenio de Estambul y la lucha contra las violencias machistas cuatro años después de que nuestro país lo ratificara y contiene una batería de exigencias de mejora.
Las organizaciones de la sociedad civil exigen más prevención de la violencia de género en la educación, así como mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación del personal en la sanidad pública y adecuar los protocolos. Explican que más del 90% de las mujeres utilizan el sistema de salud, por lo que es una pieza clave para la detección precoz de la violencia de género.
También exigen que la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia machista sea más amplia y que se preste antes y no después a una denuncia judicial. Es decir, que el acceso a las prestaciones no esté supeditada a la presentación de denuncia.
El informe abunda también en la necesidad de crear empleo público para atender los servicios de atención a las víctimas de violencia de género. En la actualidad el artículo 19 de la ley de Presupuestos Generales limita esta posibilidad, obligando a los entes públicos a externalizar estos servicios, lo que según el informe "supone una precarización de los mismos".
Exigen, también, acabar con la dependencia económica de las mujeres y resaltan que, pese a que se estima que el 40% de las víctimas dependen económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denuncias reciben la ayuda económica de 430 euros durante un período de seis meses y un 23% la percibe la Renta activa de Inserción. 
Otra de las actuaciones urgentes que propone el documento es revisar el sistema de Viogen, la valoración policial que se realiza a las mujeres víctimas de violencia de género para evaluar el riesgo que corren. En la actualidad "el 90% de los casos estima que hay no hay riesgo o que éste es bajo y no incluye a los niñas y niños", claves en la prevención y la protección.
Las organizaciones demandan, también, que nuestro país y la Unión Europea apliquen el Convenio de Estambul en los casos de víctimas cuyo agresor tenga distinta nacionalidad o país de residencia (1 de cada 7 parejas), así como la protección de las españolas que se encuentren en otro país y sean víctimas de  violencia de género.
Exigen que el Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores no prevalezca sobre el de Estambul, que obliga a la protección de las víctimas de violencia de género en dichas circunstancias. El informe contiene una llamada especial sobre el caso de Juana Rivas, al entender que nuestro país debería reclamar la jurisdicción de la denuncia por violencia de género que presentó Rivas en Granada en 2016 en base al artículo 44.2 del Convenio de Estambul  por la demora del juicio en Italia.
El informe pide que se investigue el hecho de que los juzgados sólo dicten sentencias condenatorias en 2 de cada 10 denuncias por violencia de género y sólo conceden órdenes de protección en 16 de cada 100 casos. "Entre 2015 y 2017 se han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género, una media de 146.100 al año. En uno de cada cuatro casos se solicitaron a los juzgados medidas cautelares de protección de las que sólo se concedieron un 63%, con grandes diferencias territoriales", afirma el informe. 
El documento hace una especial llamada de atención sobre la sobre exposición a la violencia de género de mujeres y menores migrantes, para los que pide adecuar la normativa de extranjera, la ampliación de los permisos de residencia y un incremento de las traductoras y las ayudas sociales. "Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de las víctimas mortales por violencia de género, sin que les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias judiciales". También, critican que de las mujeres que pidieron asilo en España durante 2017, solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que otorga protección legal.

Informe Sombra Estambul 2018 participación de Helia Del Rosario, de Amalga/Red Latinas

Puedes ver el artículo de "AmecoPress" originalmente aquí 

Presentación del Informe Estambul Sombra
El Informe Estambul Sombra indica que la violencia machista en España no se está reduciendo
Jueves 15 de noviembre de 2018, por Mirari Ullibarri
      

Madrid, 15 nov. 18. AmecoPress. –Las profesionales Helia Del Rosario, Paqui Guisado Adam y Marta Montejano han sido las encargadas de llevar a cabo la presentación del Informe Estambul Sombra. Un análisis que recoge una evaluación del cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, también conocido como Convenio Estambul.

La evaluación, elaborada por la Plataforma Estambul Sombra, de la que forman parte la Plataforma CEDAW Sombra, la Plataforma 7N y otras organizaciones, será presentada ante el GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica).
A día de hoy el informe, que recoge la suspensión de España en varios aspectos del Convenio de Estambul, está firmado por más de 200 organizaciones tanto feministas como sociales.
Una de las especiales demandas del informe es la falta de datos sociales, exponiendo de esa forma que sin información cuantitativa o cualitativa las políticas públicas no son factibles. “La protección judicial ha estado más visibilizada y sin embargo la protección social es como si no existiera” recalca Paqui Guisado Adam, integrante del grupo de trabajo del Informe Estambul Sombra.
Asimismo, exigen que la violencia de género debería de ser política de estado y que la Delegación de Gobierno debería de llevar a cabo una investigación propia, en la que se recogiesen los datos trimestrales de esta consecuencia patriarcal.
La educación es otra de las bases del informe, pero no sólo en un aspecto académico que congregue todas las fases (desde la primaria a la universidad) sino también en un aspecto laboral, dado que, según las profesionales que han realizado el informe, es necesario la educación del resto de las personas trabajadoras.
“Cuanto más tiempo pasa la mujer sufriendo violencia de género mayor es el daño”
“Pese a que se estima que el 40% de las víctimas de violencia depende económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda económica de 430,27 euros por 6 meses. Un 23% percibe la Renta Activa de Inserción de igual importe, pero mayor duración, pero es un número insuficiente y está bajando desde 2015” expone el sexto punto del informe. Por esta razón, las profesionales indican que el trabajo es una herramienta de empoderamiento de las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, puesto que, este les otorga independencia.
Según los datos del informe, 1 de cada 7 parejas españolas comparten doble nacionalidad, esto es, que alguna de las dos personas de la pareja no ha nacido en España. Por esa razón, es necesario que el Convenio de Estambul se establezca en todos los estados de la Unión Europea y que proteja a las personas nacidas en España que hoy en día se encuentran en otro país. Visto que, sin una regulación internacional eficaz, pueden ocurrir fallos jurídicos muy graves y como ejemplo de ello tenemos el caso de Juana Rivas. 

                                                          Helia Del Rosario. Representante de Amalgama y de la Red Latinas

“Pedimos que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado para otorgar la protección de las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Para que no se aplique el Convenio de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores de 1980 ignorando el contexto y a la realidad que comporta la violencia de género” narra el tredécimo punto del informe, con la intención de otorgar protección a los y las menores víctimas de violencia de género.
España es el tercer país con mayor consumo de prostitución en el mundo, según la Fiscalía de Extranjería en 2016 se contabilizaron 293 víctimas con signos de trata, de los cuales se iniciaron 250 procesos, la mayoría por atestados policiales de inspección de locales de prostitución, pero finalmente tanto sólo hubo 18 sentencias y 7 de ellas fueron absolutorias. Por eso, la Plataforma Estambul Sombra exige que se mejore la actuación en contra la trata y que se implementen organismos internacionales para ello.
“En 2015 ocurrieron 330 agresiones diarias por violencia sexual”
La mesa de trabajo de Informe Estambul Sombra considera que el acoso sexual debería de ser un tema de estado, a pesar de que a día de hoy sigue sin estar reconocida. La violencia sexual es transversal durante la evaluación, visto que esta sigue sin estar visibilizada.
Para finalizar, las integrantes de las plataformas feministas han recalcado que a pesar de que España suspenda varios aspectos del informe es necesaria la denuncia de las mujeres, visto que, sin ese paso las instituciones no poseen mecanismos para actuar. Explicando de esa forma, que la independencia de la mujer maltratada no se basa sólo en romper con el maltratador sino también en realizar un apoyo desde el ámbito institucional.
No estáis solas.
Foto: Archivo AmecoPress.


Pie de foto: Imágenes de la presentación del informe.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Eventos en setiembre

Gratuitos, previa inscripción amalgama.asociacion@gmail.com
Llama al 915770640  603630831 (Helia del Rosario)





sábado, 2 de septiembre de 2017

PROMOTORAS COMUNITARIAS en los PUNTOS VIOLETA de las Fiestas del distrito Centro de Madrid


“Las agresiones sexuales, son una forma de violencia poco visible. Se encuentran más naturalizadas y que son más comunes: los tocamientos, el acoso verbal, la invasión del espacio personal… son habituales en el día a día de las mujeres”[1]
Por Gisella Olivares // 28 Agosto 2017




[1] Nota de prensa Campaña No es No Madrid. Disponible en: https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/la-campana-no-es-no-madrid-libre-de-violencias-machistas-en-las-calles-y-las-redes/

Los días 12, 13 y 14 de Agosto, 4 promotoras comunitarias capacitadas en el proceso formativo estratégico que está llevando a cabo AMALGAMA: “Promotoras Comunitarias: Por la igualdad, por una vida libre de violencias, construyendo redes de apoyo”, en compañía de AMALGAMA y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, respondieron activamente a la invitación realizada por el Ayuntamiento de Madrid y estuvieron presentes en el PUNTO VIOLETA de las Vistillas en las Fiestas de la Paloma del Distrito Centro.


Los PUNTOS VIOLETA son espacios físicos, como casetas o pérgolas, identificados mediante la cartelería de la campaña “No es no. Cuando sea. Como sea. Donde sea. Madrid libre de violencias machistas” que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Políticas de Género y Diversidad, cuyo objetivo es conseguir que las fiestas, la noche, las calles, sean espacios libres y seguros para todas las mujeres. Espacios de diversión y libertad para todas, sin el miedo a poder ser acosadas o agredidas sexualmente. Esta Campaña forma parte del esfuerzo que todos los Ayuntamientos de España están haciendo para luchar contra la violencia machista, en concreto, contra los abusos sexuales que sufren las mujeres en una sociedad a la que aún le falta mucho por avanzar y lograr la igualdad de género. En las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma se repartieron pegatinas, chapas, carteles, servilletas con el de una boca abierta y un mensaje directo contra cualquier tipo de agresión. También tarjetas con teléfonos de información y denuncia. Se han editado vídeos donde reconocidas personas del mundo del cine, la música y la televisión muestran su apoyo a la campaña difundidos a través de redes sociales, toda la información la puedes ver pinchando AQUÍ


Los PUNTOS VIOLETA son atendidos por personas voluntarias que han recibido formación previa sobre qué hacer en caso de agresión sexual. Las promotoras comunitarias que participaron fueron formadas en el marco del proyecto “Fortaleciendo la Red de Promotoras Comunitarias por la Igualdad y Prevención de Violencias en la Comunidad de Madrid” con la colaboración de Obra Social “la Caixa” y ejecutado en alianza entre la ONGD Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA y la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Este proyecto pretende contribuir a la convivencia y cohesión social promoviendo el derecho a una vida libre de violencias de mujeres y jóvenes migrantes en la Comunidad Madrid fomentando acciones de diálogo intercultural.

Esta experiencia ha sido muy enriquecedora y una práctica activa para el grupo de promotoras comunitarias quienes comentan que se han encontrado con personas que están concienciadas, se acercan y oyen con interés lo que se les dice, pero todavía hay personas, tanto mujeres como hombres, que miran con desprecio…esto les motiva a estar más involucrada, porque hay mucho por hacer. Agradecer desde aquí a todo el grupo de promotoras y muy especialmente a María Tubatán, Maria Cruz, Carmela Antonieta y Paola que les fue posible estar presentes.