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VIOLENCIA DE GÉNERO
Organizaciones feministas denuncian la falta de datos fiables y
actualizados sobre violencias machistas
Lamentan que 14 años después la aprobación de la ley
integral contra la violencia de género, aún no se recopilen los datos.
Denuncian que sin ellos es imposible evaluar la efectividad de las políticas
públicas, mejorarlas o avanzar en prevención.
Integrantes de la
Plataforma Estambul Sombra durante la presentación del informe / Público-Marisa
Kohan
MADRID
16/11/2018 08:48 Actualizado: 16/11/2018 09:52
MARISA KOHAN
"Resulta paradójico que 14 años después de
aprobarse la ley contra la violencia de género aún no
dispongamos de datos que nos permitan evaluar la efectividad de las políticas
públicas en materia de violencias machistas", afirma
Francisca Guisando Adame, miembro de la plataforma Estambul Sombra. "No se
pueden hacer políticas públicas ni evaluar el impacto de las de las mismas si
no disponemos de datos fiables y actualizados que nos permitan evaluar las
necesidades", añade.
Guisando realizó estas afirmaciones durante la
presentación de los hallazgos que cerca de 200 organizaciones han recopilado en
el documento conocido como informe sombra que
este viernes se presentó en Madrid.
El objetivo del informe es hacer una radiografía del nivel de cumplimiento de España del
Convenio de Estambul, un mecanismo internacional ratificado por
nuestro país en 2014 y que será evaluado por el GREVIO (Grupo de Expertos
en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica,
dependiente del Consejo de Europa) que evaluará la aplicación que ha hecho
nuestro país del Convenio desde que lo ratificó en 2014. La evaluación
comenzará en febrero de 2019 y concluirá con un informe en 2020.
Los informes sombra son
un mecanismo del que disponen las organizaciones de la sociedad civil para
informar a los expertos de organismos internacionales que evalúan el
cumplimiento de los Estados de los tratados que suscriben. El informe que
ahora se presenta en su totalidad, fue aprobado el pasado mes de octubre por
una plataforma formada ex profeso para esta evaluación y está formada no solo
por organizaciones feministas, sino también de derechos humanos y de
cooperación al desarrollo.
La principal conclusión del documento de más de 30
páginas, es que España suspende en muchos de los aspectos cruciales de la lucha
contra la violencia de género.
"Se difunde el número oficial de mujeres, niñas y
niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en
el sistema de protección judicial y social y que se va a
hacer para mejorarlo. Tampoco hay casi datos sobre prevención y los más
recientes son de 2015 y 2016". Esta falta de datos es, para las
expertas, un serio problema a la hora de decidir dónde irán los 120 millones de
euros que se han aprobado para financiar el pacto de Estado a nivel municipal y
autonómico.
"Nos encontramos con el hándicap de que la ley
integral de 2004, que vino a ser un gran avance en su momento, 14 años después nos presenta dificultades a la hora de abordar las
violencias machistas", añade Guisando. La causa de este corsé,
es el título segundo de esa norma, que estipula que las violencias de género
son las que se ejercen por parte de la pareja o expareja de las mujeres. Esto
deja fuera de la cobertura legal y de las políticas públicas cualquier otro
tipo de violencias machistas.
Según la plataforma Estambul Sombra, es necesario
la elaboración de una ley paraguas que englobe todas las violencias que se
ejercen contra la mujer y que recoge el convenio de estambul, como las
violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, o
la trata de personas con fines de explotación sexual.
Batería de exigencias
El
informe sombra desgrana los fallos y obstáculos que persisten en nuestro país
para la puesta en marcha del Convenio de Estambul y la lucha contra las
violencias machistas cuatro años después de que nuestro país lo ratificara y
contiene una batería de exigencias de mejora.
Las organizaciones de la sociedad civil exigen más prevención de la violencia de género en la educación,
así como mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación del personal en
la sanidad pública y adecuar los protocolos. Explican que más del 90% de las
mujeres utilizan el sistema de salud, por lo que es una pieza clave para la
detección precoz de la violencia de género.
También exigen que la atención jurídica, psicológica y
social a las víctimas de violencia machista sea más amplia y que se
preste antes y no después a una denuncia judicial. Es decir,
que el acceso a las prestaciones no esté supeditada a la presentación de
denuncia.
El
informe abunda también en la necesidad de crear empleo público para atender los
servicios de atención a las víctimas de violencia de género. En la actualidad
el artículo 19 de la ley de Presupuestos Generales limita esta posibilidad,
obligando a los entes públicos a externalizar estos servicios, lo que según el
informe "supone una precarización de los mismos".
Exigen, también, acabar con la dependencia
económica de las mujeres y resaltan que, pese a que se estima
que el 40% de las víctimas dependen económicamente de su maltratador, sólo el
0,5% de las denuncias reciben la ayuda económica de 430 euros durante un
período de seis meses y un 23% la percibe la Renta activa de Inserción.
Otra de las actuaciones urgentes que propone el
documento es revisar el sistema de Viogen, la
valoración policial que se realiza a las mujeres víctimas de violencia de
género para evaluar el riesgo que corren. En la actualidad "el 90% de los
casos estima que hay no hay riesgo o que éste es bajo y no incluye a los niñas
y niños", claves en la prevención y la protección.
Las
organizaciones demandan, también, que nuestro país y la Unión Europea apliquen
el Convenio de Estambul en los casos de víctimas cuyo agresor tenga distinta
nacionalidad o país de residencia (1 de cada 7 parejas), así como la protección
de las españolas que se encuentren en otro país y sean víctimas de
violencia de género.
Exigen que el Convenio de la Haya sobre sustracción
internacional de menores no prevalezca sobre el de Estambul, que obliga a la
protección de las víctimas de violencia de género en dichas circunstancias. El
informe contiene una llamada especial sobre el caso de Juana Rivas, al entender que nuestro país
debería reclamar la jurisdicción de la denuncia por violencia de género
que presentó Rivas en Granada en 2016 en base al artículo 44.2 del Convenio de
Estambul por la demora del juicio en Italia.
El
informe pide que se investigue el hecho de que los juzgados sólo dicten
sentencias condenatorias en 2 de cada 10 denuncias por violencia de género y
sólo conceden órdenes de protección en 16 de cada 100 casos. "Entre 2015 y
2017 se han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género, una media de
146.100 al año. En uno de cada cuatro casos se solicitaron a los juzgados
medidas cautelares de protección de las que sólo se concedieron un 63%, con
grandes diferencias territoriales", afirma el informe.
El documento hace una especial llamada de atención
sobre la sobre exposición a la violencia de género de mujeres y menores
migrantes, para los que pide adecuar la normativa de extranjera, la
ampliación de los permisos de residencia y un incremento de las traductoras y
las ayudas sociales. "Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes
en España y el 43% de las víctimas mortales por violencia de género, sin que
les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias
judiciales". También, critican que de las mujeres que pidieron asilo
en España durante 2017, solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que
otorga protección legal.
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