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Organizaciones feministas
piden ampliar la Ley de Violencia de Género de 2004: "No nos podemos
quedar ahí"
La Plataforma Sombra ha presentado un
informe que entregará a la comisión internacional de expertas encargada de evaluar
la aplicación de España del convenio de Estambul de lucha contra la violencia
machista
Concluyen que nuestro país incumple los
compromisos internacionales en prevención y atención a víctimas. Critican la
financiación insuficiente y la falta de datos: los más recientes son del año
2015 y piden que sean trimestrales
Ponen énfasis en que haya más protección
para mujeres en especial vulnerabilidad, como migrantes, en el aumento de
ayudas y en la creación de empleo como herramienta "empoderante"
Belén Remacha
15/11/2018 - 14:33h
Presentación del informe Sombra,
este miércoles en Madrid.
España incumple los compromisos internacionales contra la
violencia de género y la ley de 2004 aprobada durante el gobierno de Zapatero,
aunque esencial en su momento, se queda corta: "No nos podemos quedar
ahí". Es la conclusión que se extrae del informe que firman un
centenar de organizaciones feministas, dentro del proyecto Plataforma Sombra.
El fin del informe sombra es entregarlo a GREVIO, la comisión de expertas
dependiente del Consejo de Europa que tiene que examinar a partir de septiembre
de 2019 la aplicación durante los últimos 4 años del Convenio de Estambul sobre
violencia machista, ratificado por la UE en 2011 y por España en 2014. Los
informes sombra son mecanismos de la sociedad civil para informar a las
organizaciones internacionales de situaciones objeto de evaluación.
Para Francisca Guisado Adame, una de las encargadas de explicarlo,
precisamente una de las "grandes fortalezas" del informe es que
constituye una "visión general de las violencias machistas, un marco
global". Así, no solo contemplan como violencia de género la que se
enmarca dentro de la pareja o expareja, como hace la Ley de 2004, sino que
incluyen otras formas como la violencia sexual, mutilación genital femenina,
matrimonio forzado o trata de personas con fines de explotación sexual.
Uno de los principales aspectos que han hecho saber a GREVIO es que faltan
datos relacionados con prevención y atención social y judicial a
víctimas. Los más recientes, de la delegación del Gobierno a partir del Consejo
Superior del Poder Judicial, son el Boletín Anual con estadísticas de 2015,
referidos al número de usuarias del Sistema de Protección por Violencia de
Género. Ellas piden que estas cifras se actualicen y que además sean anuales,
trimestrales y desglosados por tipo de violencia y perfiles.
Datos del año 2015, los últimos que manejan las organizaciones. Plataforma
Sombra
14 reivindicaciones
La Plataforma Sombra ha hecho público el documento con motivo del 25 de
noviembre, Día contra las Violencias Machistas. Lo entregará a GREVIO el 12 de
diciembre, tres meses antes de que el Gobierno tenga que contestar a un
cuestionario que le pasará la comisión internacional. Las ponentes
han resumido las reivindicaciones que les harán llegar en 14, relativas a
las carencias de las medidas de España en prevención y lucha contra la
violencia machista. "Los apoyos económicos son insuficientes", han
valorado.
"Pese a que se estima que el 40% de las víctimas depende
económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la
ayuda económica de 430,27€ por 6 meses", escriben en el texto. Un
porcentaje mayor pero "también muy bajo", el 23%, percibe la Renta
Activa de Reinserción, de igual importe pero mayor duración en el tiempo.
Además de las ayudas sociales, que consideran "imprescindibles" en
una primera fase de la recuperación de la víctima, exigen que se cree
empleo y se instauren más bonificaciones por contratación, por ser la
única herramienta realmente "empoderante" para las mujeres, para lo
cual llaman a que "tomen nota" los sindicatos.
También empleo público para atender los centros de la administración
central, autonómica y local: que los 200 millones destinados al Pacto de Estado
y contemplados en la Ley de Presupuestos supongan una "mejora
estructural", y no la externalización o gestión indirecta "que
precariza la red de servicios". Como ya se ha
hecho en varias comunidades, reclaman que no sea necesaria la denuncia previa para acceder a apoyos y asesoramientos.
A día de hoy, la Delegación del Gobierno solo destina el 1,09% de su
presupuesto a personal de la red de servicios. Piden una revisión general del
sistema VioGen y que incluya a hijos e hijas. Denuncian que en varias
provincias españolas, como Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid,
continúa sin haber Unidades de Valoración Forense. Esto se traduce en que el
90% de los casos se estima de riesgo nulo o bajo por lo que analizan que es
deficiente el sistema de evaluación: solo se suspendió el 2,6% de los regímenes
de guardia y custodia y el 1,4% del régimen de visitas en situaciones de
violencia.
Han puesto especial énfasis en adecuar la normativa para combatir la
sobreexposición de mujeres y menores migrantes: "Son extranjeras el 9,6%
de las personas residentes en España y el 43% de víctimas mortales".
Asimismo, critican que de las mujeres que pidieron asilo en España durante 2017
–el 42% del total de 31.120 personas– solo el 1,95% obtuvieron el estatus de
refugiada que otorga protección legal. Respecto a la trata, piden "mejorar
los resultados en la persecución" de un fenómeno que afecta a una inmensa
mayoría de mujeres extranjeras: solo el 1,1% tienen nacionalidad española.
Las organizaciones también demandan que España aplique el convenio en los
casos en los que la víctima tiene distinta nacionalidad o país de residencia
que el denunciado, destacando que una de cada siete parejas en España son
"mixtas" y por tanto les puede afectar la legislación de dos
países. Ponen como ejemplo de esta problemática el caso de Juana Rivas.
Otro dato que manejaban, según la Macroencuesta de 2015, es que se producen
330 agresiones sexuales diarias, que piden calificar como violencia machista.
En ese año fueron 120.641 las mujeres que habían sufrido violencia sexual fuera
de la pareja, el 40% de ellas violadas. Actualmente, consideran
"insuficiente" los 2 millones de euros al año que destina la
Delegación del Gobierno para mantener y crear los centros de ayuda de
emergencia que están contemplados en el artículo 25 del acuerdo internacional.
También critican la demora del debate de la Proposición de Ley de protección integral
de la libertad sexual, admitida
a trámite en el Congreso el pasado verano.
Además de una mayor evaluación y financiación para hacer efectivas las
leyes del Pacto de Estado, piden dotar de recursos a los programas
educativos, la formación y protocolos de Sanidad y la recuperación de un
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales por una comunicación no sexista. Abogan igualmente por la aprobación
de la ley que garantice el aumento de las pensiones de los huérfanos de
violencia machista, que ayer echó a andar en el
Congreso y que también incluye a las víctimas de violencia sexual.
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